Mostrando las entradas con la etiqueta ISMAEL BERMÚDEZ. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta ISMAEL BERMÚDEZ. Mostrar todas las entradas

domingo, 4 de marzo de 2018

Todo lo que hay que saber sobre la nueva jubilación optativa a los 70 años / por Ismael Bermúdez


La reforma previsional generó importantes cambios para las trabajadoras de más de 60 años y los empleados de más de 65.
Tras la sanción de la Reforma Previsional a fines del año pasado, los empleadores del sector privado podrán intimar a los trabajadores a cesar en el empleo e iniciar el trámite jubilatorio recién a los 70 años y si, además, reúnen los años de aportes. En ese caso, el empleador deberá mantener la relación de trabajo por un plazo máximo de un año, o hasta que el trabajador obtenga el beneficio, si esto ocurre antes del año.
Este cambio –antes la intimación regía a los 65 años- y otras modificaciones alteraron el panorama de la jubilación para este segmento de trabajadores. Para saber si el trabajador reúne el requisito de los años de servicio necesarios para jubilarse, el empleador puede requerir de la ANSeS esa información correspondiente al trabajador.
En lo inmediato, las intimaciones ya efectuadas por los empleadores y que no derivaron en jubilaciones quedaron sin efecto y el trabajador puede seguir trabajando. También los ya jubilados pueden trabajar en relación de dependencia o como monotributistas o autónomos y seguir cobrando la jubilación. En ese caso, solo aportan el porcentaje o monto jubilatorio pero ya no se lo considera para incrementar su jubilación, a la vez que pierden la antigüedad laboral acumulada y se computa una nueva antigüedad a partir del momento en que se jubiló.
La nueva situación es la siguiente:
1) El trabajador (varón) puede jubilarse a partir de los 65 años si reúne al menos 30 años de aportes. Las mujeres pueden hacerloa partir de los 60 años también con 30 años de aportes. Pero a partir de esas edades, hay un efecto compensación: cada dos años por encima de los 60 las mujeres o 65 años los varones, disminuye un año el requisito (los requisitos) de aportes. O sea, con 62 años las mujeres o 67 los varones pueden jubilarse con 29 años de aportes. Con 64 años las mujeres y 69 años los varones, se requieren 28 años de aportes. Con 65 años, las mujeres y 70 años los varones necesitan contar con 27 años y medio. Y así en adelante.
2) De aquí se desprende que las mujeres o varones dependientes del sector privado que deciden jubilarse a los 70 años requieren como mínimo menos años de aportes: 25 años de aportes las mujeres y 27 años y medio, los varones.
3) "Debe ser claro para el trabajador que cuando el empleador le envía el telegrama con el texto "intimo a iniciar los trámites jubilatorios" o "intimo a jubilarse", si bien estas son expresiones de la propia ley, no son correctas, ya que nadie, ni el propio empleador, puede obligar a una persona a jubilarse; si quiere, y puede, se jubila, y si no quiere, aunque pueda, no se jubila. La mal llamada "intimación a jubilarse" no es más que un beneficio al empleador, que puede extinguir el contrato de trabajo, sin obligación de pagar indemnización por antigüedad, solo que ahora solo puede hacerlo cuando el trabajador, además de reunir los requisitos para jubilarse, tiene 70 años de edad ", aclara la abogada Elsa Rodriguez Romero.
4) Las jubilaciones se calculan en base al sueldo promedio actualizado de las últimas 120 remuneraciones anteriores al cese laboral según un coeficiente del 1,5% por cada año de aportes más un monto denominado PBU (hoy de $ 3.619,07). En consecuencia, a mayor cantidad de años de aportes, mayor es el haber inicial de la jubilación. Por ejemplo, con un sueldo promedio actualizado de $ 15.000 y 30 años de aportes en relación de dependencia, el haber inicial sería de $ 10.369, equivalente al 69% del sueldo. Con $ 20.000 de sueldo promedio actualizado, el haber inicial sería de $ 12.619, equivalente al 63% del sueldo promedio. Y si el sueldo promedio es el máximo por el que se aporta, de $ 86.596, el haber inicial sería de $ 42.587, equivalente al 49% de ese sueldo promedio. Los cálculos cambian si se combinan años en relación de dependencia con años como monotributista o autónomo.
4) Una variante es si el trabajador (varón o mujer) a los 65 años no reúne los años de aportes. En ese caso puede solicitar el cobro de la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) -equivalente al 80% del haber mínimo- y seguir trabajando hasta completar los años de aportes. Luego cuando se jubila pasa a cobrar la jubilación y deja de percibir la PUAM. Pero debe tener en cuenta algunas nuevas condiciones. Los años trabajados desde que cobra la PUAM se computan para alcanzar los años requeridos para obtener la jubilación. Pero, en la reglamentación (el punto no figura en la ley, lo cual puede abrir un nueva litigiosidad) se fijó que para el cálculo del haber inicial se toma en cuenta el sueldo promedio de las 120 remuneraciones anteriores, no al cese laboral, sino al momento del inicio del cobro de la PUAM. En consecuencia, a la hora de solicitar la PUAM, el trabajador debe calcular o proyectar cómo serán sus remuneraciones futuras, luego que le otorguen la PUAM. Si esos sueldos posteriores serán menores, le convendrá solicitar la PUAM porque además de cobrar esa pensión su futura jubilación se calculará sobre una remuneración promedio más alta. En cambio, tendrá que analizar muy bien si los sueldos posteriores son más altos.
5) Los trabajadores que a los 65 años tienen los 30 años de aportes pueden jubilarse si quieren, pero no pueden solicitar la PUAM. Lo mismo para las mujeres de 65 años con 28 años y medio de aportes.
6) Los trabajadores del sector público, aunque los organismos en los que presten servicios se rijan por la ley de contrato de trabajo,están excluidos de estos cambios.
7) Por los trabajadores que siguen trabajando, teniendo los requisitos para jubilarse, se reduce el costo laboral empresario. Es porque los empleadores no tienen la obligación de abonar las contribuciones patronales con destino al régimen previsional, pero deben ingresar las que corresponden al régimen de riesgos del trabajo y obra social.



martes, 2 de mayo de 2017

Más de 21 millones de personas cobran del Estado ##


Es casi la mitad de la población. Incluye sueldos, jubilaciones, pensiones y planes sociales. 
En forma directa, el Gobierno nacional, las provincias y los municipios pagan sueldos a 3,6 millones de empleados, Por su parte, la ANSeS abona jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales a otros 15 millones de personas. Y entre jubilados provinciales —de cajas no transferidas a la órbita nacional, como Provincia de Buenos Aires, Santa Fe o Córdoba—, retirados y pensionados de las FF.AA., Policía y Fuerzas de Seguridad y planes sociales y planes de empleo reciben pagos otros 1,5 millones de personas. En total son poco más de 21 millones de personas, casi la mitad de la población argentina.
A pesar de todo esto, los niveles de indigencia y pobreza se mantienen en niveles más que elevados. La última medición del INDEC, de la segunda mitad de 2016, marcó que la pobreza alcanzó al 30,3% de la población urbana, estimada en 13 millones de pobres, de los cuales el 6,1% o 2,5 millones de personas son indigentes. En tanto, con una economía que le cuesta arrancar, con el empleo estancado y todavía altos índices de inflación, esos dos indicadores claves siguen marcando la agenda social.
Según la Subsecretaría de Políticas, Estadísticas y Estudios Laborales del Ministerio de Trabajo, de los 3,6 millones de empleo público total, el 20% corresponde al Estado nacional, el 64% a las provincias y el 16% a los municipios. Otro dato significativo es que en poco más de 5 años “entre enero de 2012 y febrero de 2017, el empleo asalariado en esta categoría creció un 23%, lo que implica la incorporación de 576.000 trabajadores”, de los cuales “durante el último año, la dotación de personal del total de los organismos públicos creció un 0,9%, lo que implica la incorporación de alrededor de 31.000 puestos de trabajo”.
El más grande
Financiado con aportes de los trabajadores activos y contribuciones de las empresas sobre la masa salarial registrada e impuestos, en lo que es una especie de “salario diferido”, la ANSeS es, por lejos, el organismo más importante del país. Más de 15 millones de personas cobran todos los meses algún beneficio o subsidio de este organismo previsional, que extendió sus funciones más allá de lo previsional.
Son, entre otros, por jubilaciones, pensiones, pensiones no contributivas, seguro de desempleo, asignaciones familiares, Asignación Universal por Hijo (AUH) o por embarazo y plan Progresar para jóvenes que completan la secundaria. Esos pagos son transferencias periódicas mensuales en dinero. También hay otras transferencias, como créditos Argenta, Procrear de vivienda o Conectar de informática.
La ANSeS cuenta con un Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que sumaba a diciembre de 2016 unos $875.000 millones (US$55.000 millones), de los cuales 60% está prestado al Gobierno nacional a través de títulos y Letras del Tesoro. El resto está en acciones de sociedades privadas, proyectos productivos y de infraestructura, plazos fijos, préstamos a las provincias y hasta préstamos a beneficiarios del sistema previsional.
La ANSeS maneja casi un 40% del gasto anual del Presupuesto Nacional. Es un financiador o prestamista clave del Tesoro nacional y una fuente de litigios, como lo prueban los miles y miles de reclamos judiciales por reajuste de haberes.
En marzo, ANSeS pagó 6.789.476 jubilaciones y pensiones, pero el número de beneficiarios es de 5,7 millones porque una franja de jubilados cobra también la pensión por viudez. También en marzo ANSeS abonó 1.432.037 pensiones no contributivas (como por invalidez, vejez, madre de 7 o más hijos), quienes perciben el 70% del haber mínimo previsional (poco menos de $4.500 mensuales).
Además, paga en forma directa mensualmente más de 4 millones de asignaciones familiares a los padres de hijos menores de trabajadores activos, jubilados, monotributistas de categorías inferiores y beneficiarios de seguro de desempleo en montos que varían entre $258 y $1.246 por hijo y 3.700.000 AUH (Asignación Universal por Hijo).
Emilio Basalvibaso, titular de la ANSeS, adelantó que “Además de las prestaciones que identifican al organismo, durante este año se afianzará el crecimiento de las PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor). “Ya llevamos otorgadas y se pagarán en mayo 15.432. Esta medida fue muy positiva para todos aquellos que no tenían los años de aportes ya que les permitió obtener una jubilación. Ahora es ley y el beneficio está funcionando muy bien para este sector de la población”.
En materia social y empleo, hay planes, como el Seguro de Capacitación y Empleo, “con una asignación mensual aplicada a la búsqueda activa de empleo”, Argentina Trabaja, el Programa Más y Mejor Trabajo, “destinado a jóvenes desocupados y con estudios incompletos”; ayudas mensuales a monotributistas sociales, organizados en pequeñas cooperativas; el Progresar, de ayuda para completar los estudios, y también ayudas a empresas a través del programa REPRO, de Recuperación Productiva, que “funciona como paliativo para afrontar el pago de los sueldos a los trabajadores. Por ejemplo, en marzo Progresar abarcó a 558.406 con pagos promedios de $700 el año pasado; 15.746 mujeres del programa Ellas Hacen , del Ministerio de Desarrollo Social, terminaron la primaria y la secundaria a través del Plan FinEs, que permite que mayores de 18 años que adeudan materias puedan rendirlas y completar sus estudios.
Días pasados, el Gobierno puso en marcha el Programa de Transición al Salario Social Complementario, con una ayuda económica de $4.000 mensuales. Es para los trabajadores que participan en alguna de las líneas de asistencia económica individual del Programa Trabajo Autogestionado, en el Programa Construir Empleo o en acciones especiales de empleo que implementó Trabajo.

## Ismael Bermúdez

sábado, 14 de marzo de 2015

El trabajo en negro subió al 34,3%, según el INDEC






El trabajo en negro volvió a pegar un salto. En un año subió del 33,5 al 34,3% de acuerdo a los datos del INDEC difundidos ayer, que corresponden al cuarto trimestre de 2014 y abarca a 31 regiones o grandes ciudades.

Este aumento del trabajo informal fue generalizado: se registró en todas las regiones del país, pero con particular fuerza en el Noreste que subió del 38,8 al 40,7% y en el Conurbano bonaerense, que pasó del 37 al 38,2%.

A la cabeza del ranking está el NOA, con el 42,8%, y –si se mira por ciudades– Santiago del Estero, con el 49,6%; seguida por Tucumán, con el 47,5%. Y, mientras que en la principal región del país, el Conurbano bonaerense, aumentó, en la Capital bajó del 21,6 al 21 por ciento.

El 34,3% de empleo en negro equivale a 4.200.000 de trabajadores sobre casi 12,2 millones de asalariados privados y del sector público. Así, uno de cada tres empleados en relación de dependencia no tiene derecho a la jubilación, no está cubierto por una obra social o ART, gana menos que su par registrado y también tiene menos beneficios laborales que el resto de los empleados que están registrados.

Si se descuenta el empleo público, que se supone está registrado, el trabajo en negro en el sector privado rondaría el 45%. Y sería más elevado entre los no asalariados, que trabajan por su cuenta en la construcción y otras actividades.

Desde hace tiempo, el empleo en negro ronda en torno a un tercio de los trabajadores. Por ejemplo, en el cuarto trimestre de 2011 se ubicó en el 34,2%. Muestra así una férrea resistencia a bajar.

Entre los que trabajan en negro, el grueso son trabajadores de la construcción –que durante 2014 fueron afectados por la recesión–, de servicios de hotelería y restaurantes, y el personal doméstico (tanto por horas o por jornada completa). En estas actividades, el empleo informal supera largamente el 60%.
Así las cosas, el balance laboral oficial de los últimos doce meses muestra un retroceso del empleo privado, con más gente subocupada, un alza del empleo público, el empleo informal y el desempleo y un incremento de la cantidad de gente inactiva. Sin ese abandono de la búsqueda de empleo, la desocupación sería mayor y también la proporción de empleo en negro.

De todas maneras, el informe del INDEC tiene datos curiosos. Por ejemplo, el NEA con el 40,7% de empleo en negro, tiene una desocupación de apenas el 2,7%. Se destaca Resistencia, Chaco, con la menor tasa de empleo de todo el país, desempleo cero y subempleo de solo el 0,2%.

© Ismael Bermúdez

martes, 18 de marzo de 2014

Los empleados de las telefónicas ganan juicios y cobran $ 700 mil




Los trabajadores de Telefónica y Telecom que iniciaron demandas por la participación en las ganancias de esas empresas ganaron los juicios. Las sentencias los favorecieron con sumas que rondan los 700.000 pesos, en promedio por cada demandante.

Cuando se hizo el traspaso de la entonces compañía estatal de teléfonos Entel a los nuevos dueños privados Telefónica y Telecom se acordó con los flamantes concesionarios de los servicios de las dos regiones que los empleados cobrarían anualmente los bonos de participación en las ganancias de las compañías.

Pero la litigiosidad apareció tiempo después cuando mediante un decreto, el entonces presidente Carlos Menem limitó esa participación en las ganancias. Lo hizo a través de un decreto que establecía que fijando que “la Sociedad Licenciataria Norte SA (hoy Telecom Argentina -Stet France Telecom S.A.) y la Sociedad Licenciataria Sur S.A. (hoy Telefónica Argentina S.A.) no están obligadas a emitir bonos de participación en las ganancias para el personal”.

Ante esta situación que iba a contramano de los compromisos asumidos al momento de la privatización de los servicios de telefonía fija un conjunto de trabajadores impugnó ante la Justicia ese decreto firmado y Menem. Así fue que logró que en las distintas instancias el decreto fuese declarado inconstitucional, prosperando los reclamos tanto en el fuero laboral como en el civil. En ámbitos de los gremios involucrados se estima que por esa acción hubo más de 400 trabajadores que ya lograron cobrar sumas que rondan entre los 600.000 pesos y los 800.000 pesos.

Ahora, desde CePETel – la sigla que identifica al Centro de Profesionales de Empresas de Telecomunicaciones– se reclama que las empresas abonen esas sumas también a los trabajadores que no iniciaron juicio y que son acreedores a esos bonos de participación.

Adicionalmente, el CePETel reclama que se asegure de ahora en más el pago de cuatro sueldos por año a cuenta de esa participación en las ganancias, según adelantó Pedro Filipuzzi, delegado de esa entidad ante una consulta de este diario referida al programa de propiedad participada.

Por  ISMAEL BERMÚDEZ




lunes, 13 de enero de 2014

IMPACTO INFLACIONARIO: La cantidad de pobres creció medio millón en sólo 3 meses


Fue porque se aceleró la suba de precios y la canasta básica quedó por arriba de $ 6.100, según cálculos de la CGT de Hugo Moyano y consultores privados. El total de pobres suma 11.950.000.
La canasta básica aumentó 50% en 2013 y esto llevó a un aumento de 1.250.000 en la cantidad de pobres. De este total, y por la fuerte suba de los precios de los alimentos básicos, algo más de medio millón se agregó en los últimos tres meses Ahora, el número de pobres suma 11.950.000 personas, casi el 30% de la población total.
Los datos son del Observatorio Social de la CGT Azopardo, de Hugo Moyano. Según ese cálculo, la canasta básica para una familia tipo de 4 personas -matrimonio y dos hijos chicos– pasó a costar en diciembre $ 6.184,45. Coincide con la especialista Graciela Bevacqua, -una experta echada del INDEC en la “intervención” de Guillermo Moreno en 2007- que tiene números un poco mayores: $ 6.577,89.
Del total de pobres que se agregó el año pasado, 550.000 se sumaron en el último trimestre. Según los datos de Bevacqua, en los 9 primeros meses de 2013 la canasta de pobreza aumentó algo más de 1.000 pesos, ya que pasó de $ 4.536,47 a $ 5.635,60. Y sólo en los tres meses siguientes, subió otro tanto hasta $ 6.577,89.
Esta aceleración de los valores de la canasta afectó a todos los sectores de ingresos fijos, como asalariados, jubilados, beneficiarios de planes sociales cuyos ingresos se ajustan cada año o cada 6 meses y no siguen la evolución diaria de los precios. De esta manera, quienes no tuvieron aumentos en los últimos tres meses, como buena parte de los asalariados, los jubilados y los que cobran la Asignación Universal por Hijo, tuvieron una fuerte caída de su poder de compra.
El 2013 cerró con la mayor inflación de los últimos 10 años. En ese marco, Bevacqua calculó que el aumento del valor de la canasta básica total –que incluye bienes y servicios y se utiliza para demarcar la línea de pobreza- fue del 45%. La cifra está muy cerca del 50% que estimó la CGT. Además, este año arrancó con aumentos en el boleto de los colectivos y en los combustibles, que inciden sobre los costos y precios de buena parte de los bienes y servicios.
Para el INDEC, con datos a noviembre, esa misma canasta básica era de $ 1.750,28. En tanto, según el ente oficial en la primera mitad de 2013 la pobreza afectaba sólo al 4,7% de la población, menos de 2 millones de pobres.
Según el Observatorio Social de la CGT, durante 2013 la harina de trigo lideró los aumentos con un alza del 169,58% que arrastró al pan (104,38%) y a las galletitas con subas de entre el 54,2 y 63,7%.
Entre las frutas, se destacaron las subas en manzanas y mandarinas. En las hortalizas, avanzaron más los precios de la acelga y el zapallo. En carnes, la mayor suba se dio en el pollo (43,7%). En tanto, los lácteos subieron cerca del 50%.
El 2013 comenzó con 10.700.000 pobres, con la pobreza en ascenso. Así, tres meses después, la CGT detectó que habían subido a 10.900.000. En septiembre se agregaron otros 490.000 y entre octubre y diciembre otros 550.000 (ver infografía).
En una clara referencia al INDEC y al Gobierno, la CGT sostiene en su informe que “no hay que hacer invisible la estadística”. Y agrega que estos números de pobreza –que vienen persistiendo y creciendo en el tiempo- “se transforman en un núcleo duro difícil de desarraigar y, lo que empeora aún más el diagnóstico, es que producen el traslado de tal situación en forma generacional ”.
Así, la CGT señala que la pobreza entre los niños y adolescentes supera el 40%, con picos de más del 70% en Chaco. Y que de los casi 12 millones de pobres, cerca de la mitad – más de 5,5 millones- son niños y adolescentes.
Por el lado de los ingresos, un factor que contribuyó al aumento de la indigencia y de la pobreza en los últimos tres meses fue el fuerte alza de los precios de los alimentos que, según Bevacqua, subieron casi un 18%.
Esto llevó a que el poder de compra de la Asignación Universal por Hijo (AUH) fuese ahora un 21% menor que el que tenía cuando se lanzó este beneficio a fines de 2009. Ahora está en $ 460, pero para volver a su valor original debería rondar los $ 600.

POR ISMAEL BERMÚDEZ


viernes, 10 de enero de 2014

Los ALIMENTOS de la CANASTA BÁSICA subieron un 43.1 % en 2013


Este valor es 6 veces mayor al que registró el INDEC. Pan, carne, verdura, fideos y lácteos, los más afectados.

El 2013 finalizó con 27,4% de inflación, que fue la más alta de los últimos 10 años. Estuvo impulsada por los precios de los alimentos básicos que subieron un 43,1%. El dato surge de la medición que realiza Graciela Bevacqua, la ex directora del Area de Precios del INDEC, que arroja un valor de casi 6 veces mayor al del INDEC.

Para el cuestionado organismo oficial, la canasta básica alimentaria aumentó apenas el 7,4%, según los números de los últimos 12 meses a noviembre pasado.
En cambio, el informe de Bevacqua señala que el año pasado los precios de los alimentos y bebidas subieron el 32,7%. Pero dentro de ese rubro los alimentos básicos – que entre otros incluye pan, carne, verduras, frutas, fideos, lácteos – tuvieron un alza del 43,1%. Y se especifica que “a pesar que se observaron subas atenuadas en alimentos y bebidas a lo largo del año debido a los acuerdos de precios que impulsó el Gobierno, se pudo observar que en el último trimestre del año, los productos que integran la Canasta Básica tuvieron fuertes incrementos del orden del 18%”.

La secuencia, según Bevacqua fue: en octubre 4,1%, en noviembre 6,2% y en diciembre 6,5%.Las principales alzas se dieron en el mes de diciembre, en carne vacuna, galletitas, quesos, harinas, arroz, yerba, café, huevos, pollo y pan”.
La conclusión del informe es que “los hogares que se encuentran bajo la línea de indigencia se vieron más afectados que el resto de los hogares en general”. Y esto porque esas familias destinan la casi totalidad de sus magros ingresos a comprar los alimentos básicos.

Según Bevacqua, en promedio el alza de los precios fue del 27,4%, una cifra que casi coincide con el 27,2% que adelantó ayer Clarín en base a los números de CASIA, la entidad que agrupa a los gremios de la alimentación. Desde 2007, cuando se intervino la dirección de precios del INDEC, la inflación es de dos dígitos El año arrancó con una suba del IPC del 3,1% por el impacto del incremento de los boletos de colectivos y trenes que se dispuso a fines de diciembre de 2012. Luego se mantuvo por debajo del 2% hasta junio para, con altibajos cerrar noviembre con un 2,5% y diciembre con un 2,9%.

En diciembre la mayor incidencia en el IPC provino de alimentos que registró una suba “generalizada en todo el capítulo” del 3,9%. “Las alzas más significativas se dieron en helados artesanales, pan fresco, huevos, galletitas, haría, carnes (vacuna, pollo, cerdo y pescado), azúcar y edulcorantes, quesos duros, sal, pastas frescas, jugos, cacao, fiambres, frutas, manteca y crema, arroz y comidas fuera del hogar”.

El informe dice que si se excluyen los productos estacionales y regulados – que equivalen a más del 30% de los precios del IPC, en diciembre la suba de precios del cerca del 70% restante fue del 3,6%. Eso marca “claramente una aceleración en el proceso inflacionario”, destaca.
Si ese era el panorama a fines de año, en Capital y GBA enero arrancó con un incremento del 66% en las tarifas de los colectivos, a lo que se sumó el alza en los peajes a la costa atlántica y el incremento promedio del 10% en los combustibles. Esto permite inferir que para la región metropolitana el piso inflacionario de enero no sería menos al 3,5%.


viernes, 11 de octubre de 2013

Fallo contra Mariano Recalde: debe reincorporar a delegada despedida


La Justicia laboral ordenó que Austral Líneas Aéreas reincorpore a Marta Carreira porque fue despedida en septiembre de 2009 por formar parte de la Lista Celeste, opositora a lista oficialista del sindicato de Aeronavegantes.

Y condenó a la empresa que preside Mariano Recalde, un abogado laboralista quien en muchos casos defendió a trabajadores, a abonarle los salarios devengados desde la fecha del despido hasta la efectiva reincorporación de Carreira, más los intereses devengados, el plus por “daño moral” y las costas. Según la jueza Beatriz Ferdman, del Juzgado N° 53, está comprobado “que la desvinculación de Carreira obedeció a su actividad gremial y a su condición de integrante de la Lista Celeste.
También, que sufrió hostigamiento y persecución sindical sobre todo en los últimos tiempos”. Y que su despido se produjo un día después que juntara firmas para defender a una compañera despedida”.
Su despido se aceleró porque Carreira iba a presentarse a las elecciones de delegados y se descontaba que iba a resultar elegida, algo que no era del agrado de la empresa ni de la lista Verde oficialista.
Para la jueza todo esto configura un caso de despido arbitrario y discriminatorio hacia la actividad sindical desplegada por Carreira.
No es la primera vez que la Justicia condena a Austral Lineas Aéreas por discriminación antisindical. En marzo de este año, la Jueza María Alejandra D’ Agnillo (Juzgado N° 63) condenó a Austral por práctica desleal antisindical contra la delegada Graciela Chapitel.
En 2008 Chapitel fue despedida y en 2009, por un fallo judicial, logró ser reincorporada.La Asociación Argentinas de Aeronavegantes fue noticia en julio pasado porque la lista verde perdió la conducción del sindicato a manos de la lista violeta, vinculada a la agrupación que lidera Facundo Moyano.

© Ismael Bermúdez

martes, 29 de enero de 2013

Al no actualizar las Escalas de Ganancia Neta imponible, muchos pagarán más…

Es porque el porcentaje de descuento del impuesto, según el monto del sueldo, no se actualizó con la inflación. Y muchos pasan a tributar las tasas más altas con el mismo poder adquisitivo.

Tanto o más preocupante que el ajuste del 20% en el mínimo no imponible desde 2011, muy por debajo de la inflación acumulada en 2 años del 55%, es que la Presidenta no anunció la modificación de las escalas sobre las que se aplican las alícuotas o tasas del impuesto.

Eso llevará a que, con los aumentos de sueldos que se acuerden en las paritarias, los trabajadores pasen a tributar mucho más que ahora sin tener un mayor poder adquisitivo. Esas escalas de "ganancia neta imponible" se mantienen en los mismos valores del año 2000, cuando era Ministro de Economía José Luis Machinea, en el Gobierno de la Alianza. ¡Están congeladas en los valores de 13 años atrás! Son siete escalas, con tasas de 9%, 14%, 19%, 23%, 27%, 31% y 35%.

La no actualización de esos parámetros para aplicar cada tasa lleva a que los trabajadores paguen tasas elevadas apenas superan en $ 833 mensuales el bajo minino no imponible anunciado ayer. Por ese motivo, hoy asalariados con sueldos medios tributan tasas del 19% o más, cuando deberían estar pagando la tasa mínima del 9%. Si cuando arrancó el impuesto con la Alianza la mayoría de los trabajadores alcanzados por Ganancias tributaba la tasa menor, ahora son muchísimos menos los que tienen esa presión mínima.

Esa primer escala del 9% es para los que tienen una ganancia neta de hasta $ 10.000 anuales, cuando si se hubiese ajustado por inflación debería alcanzar los $ 50.000.

Por ejemplo, un trabajador sin cargas de familia que en 2011 cobraba $ 8.000 mensuales, le descontaron por Ganancias el 3,83% del sueldo: en total $ 3.979 en el año. En 2013, si mantiene el mismo poder adquisitivo, por los aumentos en paritarias para acompañar la inflación, debería cobrar $ 12.500 mensuales. Pero ahora, en ese caso, tendrá una deducción de Ganancias de $ 15.268 anuales, lo que equivale al 9,4% del sueldo. En dos años, el peso de Ganancias en el sueldo de ese trabajador aumentó casi 2,5 veces.
Eso pasa porque el mínimo no imponible aumentó solo el 20% y, al no modificarse las escalas, ese trabajador, de estar alcanzado con una tasa del 19% subió a la del 27%.

Por ISMAEL BERMÚDEZ

jueves, 8 de noviembre de 2012

Las sumas no remunerativas cuentan para la indemnización


La Sala VIII de la Cámara del Trabajo revocó un fallo de primera instancia. Y ordenó que se le pague a un trabajador la indemnización por despido y adicionales calculando como base del sueldo una suma no remunerativa aprobada por el convenio colectivo de trabajo y homologado por el Ministerio de Trabajo.
La decisión fue tomada por los magistrados Luis Catardo y Víctor Pesino, quienes sostuvieron que, aunque figura en el Convenio homologado por el Ministerio de Trabajo "no podía asignársele carácter no remuneratorio, por contrariar lo previsto en el artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo, que determina que es remuneración lo que percibe el trabajador por el hecho de la prestación de servicios a favor del empleador".
El fallo tiene gran trascendencia porque empresarios y sindicatos, con el aval del Ministerio de Trabajo, en numerosos convenios acuerdan sumas no remunerativas que no solo perjudican al trabajador sino también al sistema de Seguridad Social porque sobre esas sumas no se realizan ni aportes ni contribuciones con destino a la ANSeS.
En este caso, la sentencia benefició a un ex empleado de la cadena de hipermercados Coto, quien interpuso una acción judicial por despido argumentando que la suma que se tomó como base salarial para practicar la liquidación no incluía las sumas no remunerativas .
El juez de primera instancia rechazó su demanda con el argumento de que "las sumas otorgadas en virtud de negociaciones colectivas deben mantener el carácter no remunerativo si así se dispuso y si fueron homologados por la autoridad de aplicación".
En cambio, los camaristas sostuvieron que estaban en desacuerdo con esa decisión porque la homologación del convenio por el Ministerio de Trabajo " no tiene la virtualidad de purgar el vicio de origen, ya que la autoridad de aplicación debe, en todos los casos hacer un control de legalidad de los convenios y acuerdos, en los términos del artículo 7 de la Ley 14.250 y 8 de la Ley de Contrato de Trabajo". Y "si lo hace mal, la sanción es la nulidad de la cláusula que contraría la ley".
Los camaristas insistieron en que el convenio colectivo de trabajo no puede modificar lo que marca la ley de Contrato de Trabajo, "particularmente cuando se trata de una materia tan delicada como el salario, que se proyecta sobre numerosas prestaciones laborales". También señalaron que "una resolución ministerial homologatoria no puede calificar un "incremento de salarios" como no remuneratorio porque ello contraría una norma de rango superior y, además, va en contra de principios elementales del derecho del trabajo".
En consecuencia, la Sala VIII de la Cámara del Trabajo decidió dejar sin efecto la sentencia apelada, hacer lugar a la demanda del trabajador de Coto y elevar el monto de la base salarial a tener en cuenta para el cálculo de las indemnizaciones.
Con la nueva base de cálculo la liquidación final resultó un 50 por ciento superior a que ofreció la empresa.
Por Ismael Bermúdez

jueves, 12 de enero de 2012

22,81% fue la inflación del 2011 según el “Indice Congreso”



Las negociaciones salariales de este año cargan con la inflación pasada del 22,81%, pero también con las expectativas inflacionarias que genera el anunciado “ajuste” en los subsidios.

La polémica está abierta. La inflación del 22,81% de 2011, que registraron las consultoras pri vadas, se aproxima a la que relevaron la mayoría de los institutos oficiales provinciales, tanto gobernadas por el oficialismo como por la oposición. Esta coincidencia vuelve a darle una gran credibilidad a estas mediciones que son usadas por la mayoría de los sindicatos a la hora de negociar los salarios en paritarias.

El Gobierno y buena parte de los empresarios quieren que los salarios de 2012 no pasen el techo del 18% .

El argumento es ir desacelerando la inflación que, sin embargo, en el discurso oficial casi no existe porque para el INDEC no llega al 10% anual. Pero además de esta contradicción está el hecho de que el Gobierno pretende bajar el ritmo de la inflación con un golpe inflacionario ya que no otra cosa es aumentar impuestos o no ajustarlos por la inflación, eliminar los subsidios y aumentar las tarifas.

Todo ese paquete incrementaría el gasto familiar entre el 7 y el 12%, según los consumos y la distancia de esas familias de sus lugares de trabajo y estudio. E impactaría sobre el propio índice de precios. El gasto en gas, luz, agua o transporte es un componente del costo de vida familiar que, a su vez, es determinante del salario. En consecuencia, un encarecimiento del costo de vida por la suba de los precios y la supresión de los subsidios debería llevar a un incremento de los salarios. De lo contrario, caería el poder de compra de los asalariados con su efecto contractivo en el consumo y en la inversión.

Dato clave para las paritarias…

Por ISMAEL BERMÚDEZ

Lo público: http://www.ieco.clarin.com/economia/Dato-clave-paritarias_0_626337403.html